ESPAÑA
Dentro de la
crisis final del imperialismo, el imperialismo español continúa profundizando
su crisis económica, social, política y moral. Desde el año 2008 hasta la
actualidad la deuda española ha crecido en 722.708 millones de euros, es decir
un 198 % respecto al 2008, siendo en la actualidad de 1.102.114 millones de
euros. En relación al PIB es 100,60 %, aproximadamente, mientras que en el 2008
era aproximadamente del 33% y permanecía estable en esa cifra. Lo que explica
la aparente «prosperidad» y el pago de parte de los créditos del exterior a
principios de este siglo es la inversión de capital especulativo en bolsa y en
la construcción inmobiliaria, a costa de la sobreexplotación y el endeudamiento
de las masas. Hoy que la economía está quebrada está deuda es impagable. El
desempleo ronda los 5.000.000 de desempleados. Siendo las tasas de paro entre los obreros inmigrantes más
altas que las de obreros de nativos (el 29% frente al 20%, con algunos grupos,
como los de origen marroquí, situados cerca del 50%, según datos oficiales).
Sobre esta profunda crisis se han dado las movilizaciones de masas de los
últimos años, el desprestigio de los
partidos parlamentarios y de las instituciones del Estado. Así, de un censo de
34.597.038 de posibles votantes, 10.435.955 se abstuvieron en las elecciones de
26 de junio, a pesar de toda la campaña de medios de comunicación llamando a
votar y de la presencia en las elecciones de los «nuevos» partidos
(Podemos-Ciudadanos). Rechazo al circo electoral fundamentalmente por parte del
proletariado y principalmente por lo más profundo de la clase obrera. En un estudio reciente del
Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el trabajo de dos
analistas llamado «Urnas vacías en los suburbios de las ciudades» confirman la
anterior afirmación. Una de las conclusiones del estudio es que: "La correlación entre vivir en una zona
caracterizada por la carencia de todo tipo de recursos y la abstención
electoral continúa siendo altísima". Por ejemplo, en el estudio los
barrios obreros de Sant Roc de Badalona y el de Sant Cosme en El
Prat de Llobregat la abstención es del 72% y el 75% respectivamente apareciendo
en el estudio en el puesto 15 y 16 de la lista de barrios más abstencionistas.
Crisis que se sigue manifestando en los escándalos de corrupción PP-PSOE,
en la cuestión nacional, fundamentalmente en Cataluña, en la descomposición del
PSOE, en la repetición de las elecciones generales, en la falta de gobierno
durante meses y en la reciente formación un nuevo gobierno presidido por Rajoy
(PP) con una minoría de diputados apoyándole.
En esta situación, el capital monopolista español trata de dar una salida
a su crisis con una mayor precarización del empleo y mayor represión al
interior y tratando de ganar mayor peso internacional. Al mismo tiempo trata de
buscar su legitimidad ante las masas con lo que algunos analistas burgueses ya
llaman «segunda transición». «Segunda transición», que como en la «primera» el
Estado recurre tanto al palo y como a la zanahoria.
Hay que resaltar que la extensión de la represión por parte del Estado a
aquellas «clases medias» que hasta ahora no habían sido el blanco del Estado
(aristocracia obrera y pequeña burguesía no independentista) es un indicador
del salto represivo de éste y de la profundidad de su crisis. Así,
organizaciones reaccionarias y al servicio del imperialismo han denunciado la
situación de lo que llaman «derechos humanos». Hace un año que el Estado
Español, tras la aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana, recibió desde la
ONU y desde diversas ONG´s la crítica por esta ley por la restricción de
derechos como son el de expresión, reunión y manifestación. En un reciente
informe de la OIT, organismo al que pertenecen la mafia sindical de CC.OO y
UGT, se asegura que la utilización del Código Penal por parte de la Fiscalía ha
vulnerado la libertad sindical y el derecho a la huelga en España. Así la
aplicación del artículo 315.3 del Código penal afirma un reciente informe de la
OIT ha dado lugar «a condenas desproporcionadas y no tuvo en cuenta ni el
derecho de huelga ni la necesidad de proteger ese derecho fundamental». La OIT
ha recomendado que el Gobierno español «no interponga sanciones» sin actos de
violencia. La OIT también constata que, de los 81 procedimientos abiertos en
2014, «ninguno corresponde a actos de violencia». Un ejemplo de esta represión
a colectivos que hasta hace pocos años no eran un blanco de la represión del
Estado son los ocho sindicalistas conocidos como «los ocho de airbus», para los
que la fiscalía pidió ocho años de cárcel a cada uno por su participación en la
huelga general del 29-S de 2010. Al margen de las quejas de los
sindicatos-mafia y de organizaciones de «derechos humanos», que diferencian entre
represaliados «buenos» y represaliados «malos». La represión ha seguido
golpeando al independentismo vasco, gallego, al movimiento anarquista, las
condiciones de vida impuesta por el viejo Estado a los presos del PCE (r) llega
hasta extremos increíbles, por ejemplo, negando a Arenas una simple operación
de cataratas. Represión contra lo más profundo de la clase obrera, la clase
obrera inmigrante en situación ilegal, perseguida, encarcelada y torturada en
unos centros estatales llamados CIE, etc. Los montajes policiales contra la
juventud obrera más radicalizada continúa (ver los casos de Alfon y Nahuel, que
lleva más de un año detenido sin juicio ni pruebas, como ejemplo).
En el exterior el imperialismo español ejerce de policía aéreo en el
Báltico apuntado a Rusia, mantiene su presencia en Turquía y en la República
Centroafricana.
En una localidad cercana a Valencia se encuentra el Cuartel General de
Cuerpo de Despliegue Rápido de la OTAN.
La ratificación del Tercer Protocolo de Enmienda al Convenio de
Cooperación para la Defensa con la superpotencia yanqui mantiene el territorio
español como una plataforma de la agresión imperialista yanqui a los pueblos de
África y Medio Oriente. En la base de Morón (Sevilla) la superpotencia yanqui
ha desplegado una Fuerza de Respuesta en Crisis orientada a la intervención en
norte y este de África. Esta base militar cuenta de forma permanente con 2.200
militares y 500 civiles yanquis, que se incrementarían en situación de
«crisis». Al mismo tiempo se asigna un oficial del ejército español como enlace
en el Cuartel General del USAFRICOM en Stuttgart. En la base naval de Rota
(Cádiz) se ha completado el despliegue del sistema antimisiles yanqui contando
con cuatro destructores yanquis de la clase Arleigh Burke.
A la vez que se
fortalece la alianza militar con la superpotencia yanqui contra el imperialismo
ruso, el imperialismo español ha dado pasos económicos hacia el imperialismo
chino. En 2015, el Estado Español colaboró en el proyecto de la nueva ruta de
la seda, enviando mercancías a China a través de la ruta ferroviaria más grande
del mundo (Madrid-Yiwu) y celebrando en Madrid el II Foro de la Ruta de la
Seda. Además, es miembro fundador del Banco Asiático de Inversión en
Infraestructuras (BAII) impulsado por el imperialismo chino.
Junto con la aventura exterior para participar del saqueo de los pueblos
del tercer mundo, las campañas y la propaganda del Estado han apuntado a dar
salida al desprestigio y rechazo mostrado en las elecciones y en las
movilizaciones masivas de los últimos años
a sus aparatos e instituciones, con lo que algunos han llamado la
«segunda transición», y para entender la función de Podemos en el intento de
apuntalar al viejo Estado imperialista español, hay que volver a recordar el
papel del PCE revisionista y de los sindicatos mafia CC.OO y UGT en lo que se
llamó «la transición», es decir el paso de la dictadura de la burguesía de su
forma fascista a la de «democracia» burguesa.
LOS
HIJOS DE LA CASTA
En la edición de fin de semana de un periódico de tirada nacional se
explicaba sobre el fin de la dictadura fascista que «la mayoría de la clase
política del Régimen tenía claro que los españoles querían democracia, pero sin
rupturas abruptas ni procesos revolucionarios.», y se aclaraba que para cambiar
sin que nada cambiase, la solución fue el suicidio de las Cortes franquistas el
18 de noviembre de 1977. Pero para cambiar la forma de Estado para que nada
cambiase, no bastó solamente con la voluntad de las Cortes fascistas, fue
necesario y fundamental el papel del PCE revisionista para contener las
movilizaciones de las masas, darles un cauce «democrático», legitimar la
democracia burguesa y crear falsas ilusiones con su política de «reconciliación
nacional»; al mismo tiempo que los militantes de las organizaciones que estaban
a su izquierda eran perseguidos, encarcelados, torturados o asesinados por el
Estado español, para que la «democracia» llegara «sin rupturas abruptas ni
procesos revolucionarios». En mayo de 1977, Santiago Carrillo, secretario general
del PCE afirmaba en una entrevista al diario Pueblo: «En nuestro país, sólo hay
una forma de llegar a la democracia. (...) No queremos más guerras, ya hemos
tenido suficientes», a la vez que amenazaba a «cualquiera que promueva el
recuerdo de la guerra civil, que nunca debe volver, nunca.» En 1977 era aprobada la ley de punto final,
la Ley de Amnistía, con el apoyo del PCE, que ofreció inmunidad por sus
crímenes a los fascistas civiles y militares.
A cambio de este negro papel el Estado imperialista dio un espacio para
cuadros, militantes del PCE, sindicalistas (CC.OO. y UGT, fundamentalmente),
activistas vecinales, ex dirigentes de partidos marxistas-leninistas,
trotskistas, etc ..., que se montaron sobre las luchas y sangre de las masas
para encontrar su cobijo bajo el Estado reaccionario español, y de este
tinglado estatal surge parte importante de la dirección de Podemos.
Empezamos con Ramón Espinar (senador de Podemos y diputado de la Asamblea
de Madridal mismo tiempo). Hijo de Ramón Espinar Gallego, que
ha sido miembro de la Comisión Ejecutiva Regional de la Federación Socialista
Madrileña (Partido Socialista Obrero Español), del Comité Provincial de la
Unión General de Trabajadores, del Comité Federal del Partido Socialista Obrero
Español (PSOE), del Comité Regional de la Federación Socialista Madrileña
(actual Partido Socialista de Madrid-PSOE) y de la Comisión Ejecutiva de la
Federación Española de Municipios y Provincias. Además, como consejero de Caja
Madrid (caja de ahorros de propiedad estatal) se gastó la cifra de 173.999´17
euros con su tarjeta «black». ¿Qué son las tarjetas «black»? Pues tarjetas de crédito no declaradas, que no figuraban en ningún respaldo
contable y que sólo la cúpula directiva de Caja Madrid conocía. Con ellas se
pagaron más de 15 millones de euros entre los años 2003 y 2012 a directivos y
consejeros de la caja de ahorros. Entre estos estafadores se incluyen gente de
derechas (PP), e «izquierda» (PSOE, IU) y sindicalistas de CC.OO. y UGT, incluyendo
a «luchadores» antifranquistas como los «sindicalistas» José Ricardo Martínez y
Rodolfo Benito premiados por su labor de traidores a la clase obrera.
Volvemos a
Espinar hijo. Hace poco se conoció de forma pública que este joven universitario,
de familia más que acomodada, accedió a un piso de protección oficial (1), en
el que nunca vivió, y que después vendió sacándole al piso una ganancia de
20.000 euros en una operación totalmente legal, con una legislación que permite
que los hijos de las clases medias accedan a viviendas sociales y puedan
especular con ellas. ¿Cómo accede a esta vivienda de protección oficial este
joven universitario de clase media? Pues a través del tinglado inmobiliario que
montaron los sindicatos CC.OO. y UGT. Los ayuntamientos del PSOE y de IU cedían
suelo público a las cooperativas de CC.OO. y UGT, se construían pisos con
precios inferiores a los del mercado, y parte de esos pisos, muchos, acabaron
en manos de sindicalistas de CC.OO. y UGT y en el entorno político de PSOE y
IU. En concreto, en el caso de Espinar, de su promoción de pisos, un porcentaje
de estos pisos eran asignados a dedo al futuro propietario, (sin sorteos, ni
listas de espera), por el sindicato promotor, Espinar fue uno de esos
privilegiados.
Sobre el pago
del piso el propio Espinar ha contado que su madre, padre (tarjetas «black») y
abuela le prestaron 60.000 euros para hacer frente a los primeros pagos. Espinar
ha dicho en público que «son muchos los chavales que han pedido ese dinero a su
familia». Pedirlo lo habrán pedido muchos, recibirlo pocos, y desde luego, esos
«muchos chavales» de los que habla Espinar serán de su entorno y clase social.
En el informe anual del Instituto Nacional de Estadística del año 2014 señala
que más de la mitad de los trabajadores percibe un sueldo inferior a 1000 euros
al mes, calculando 14 pagas, pero incluso antes del inicio de la crisis y de
que se degradara aún más el mercado laboral, la situación era la siguiente: en
2008 los obreros que ingresaba menos de 300 euros al mes ya eran más de 3
millones y 5,3 millones de personas los que ingresaban menos 600 según los
datos de la Agencia Tributaria. ¿Quiénes eran entonces estos «muchos chavales»
a los que la familia prestó o podía prestar 60.000 euros? Pues, entre otros, el
entorno de Espinar, los hijos de aquellos cuadros, militantes y activistas
políticos, sindicales y vecinales que a cambio de traficar con las luchas de
las masas encontraron acomodo y privilegios dentro del Estado burgués.
Con Errejón,
número dos de Podemos, tenemos que volver a hablar de esa corrupción legal,
cuya función es la perpetuación de la «izquierda» reformista salida de la
«transición» y donde los hijos cumplen la función que sus padres cumplieron.
Errejón es hijo de José Antonio Errejón Villacieros, miembro en su día del PTE
(Partido del Trabajo de España), llegó a ser Subdirector General de Medio
Ambiente en 1981, en la actualidad es director de la división de Políticas
Ambientales en el departamento de Evaluación de la agencia estatal de
Evaluación y Calidad (Aeval), perteneciente al Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas, y ha tenido cargos importantes dentro de la administración del Estado
desde los años de «la transición» hasta hoy.
Errejón hijo
volvió en 2014 de Venezuela para incorporarse a Podemos y ya le estaba esperando
un trabajo. Un contrato de investigación en Málaga creado entre la Conserjería
de Fomento (en manos de IU), la Junta de Andalucía (gobernada por el PSOE) y la
Universidad de Málaga (UMA), proyecto dirigido por Alberto Montero actualmente
diputado de Podemos en el Parlamento. «Coincidiendo» con su llegada a España
salió a concurso este contrato de investigación (1.825 euros mensuales por no
hacer nada) al que curiosamente solamente se presentó Errejón hijo. Cuando se
conoce por una noticia periodística que cobra por no hacer nada, la UMA lo
inhabilita como investigador por cobrar sin trabajar, aunque, que se sepa,
Errejón no ha devuelto el dinero cobrado de forma ilegal. Caso que nos da luz
para ver cómo se perpetúan la «casta» dentro de los aparatos del Estado,
incluida la universidad pública.
Pablo Iglesias
ex-profesor de políticas de la Universidad Complutense, hijo de una abogada de
CC.OO. y de padre que perteneció al FRAP, vive hoy también en una casa de protección
oficial que compró su madre. Perteneció a las juventudes del PCE y a IU, ha heredado
de su militancia juvenil el odio a toda organización o movimiento que se salga
de la vía institucional. Miembro del consejo ejecutivo de la fundación Centro
de Estudios Políticos y Sociales, que se financia de dinero público, sólo del gobierno
de Venezuela ha recibido desde 2002, que se conozca, 3,7 millones de euros.
Otro miembro de
Podemos, ex miembro del PCE y de IU, el diputado Rafael Mayoral por Podemos y
cofundador de una cooperativa, Kinema, que ha recibido 3 millones de euros del
gobierno de Ecuador, por «asesorar» a inmigrantes ecuatorianos con problemas
con las hipotecas de sus viviendas. Entre los fundadores de Kinema se encuentra
Amanda Meyer, hija del ex eurodiputado de IU Willy Meyer, que «casualmente»
siendo secretaria general de Vivienda de la Junta de Andalucía, su departamento
financió la beca que Errejón hijo cobró por su no asistencia al trabajo en la
UMA (1.825 euros mensuales). Por cierto, Rafael Mayoral también disfruta de un
piso de protección oficial en Rivas Vaciamadrid.
Tania Sánchez,
ex-PCE, hija de Raúl Sánchez, concejal del ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid
por IU y fundador de las primeras cooperativas en Rivas para la construcción de
vivienda de protección oficial, también propietaria de un piso de protección
oficial, ex-candidata a la Comunidad de Madrid por IU y ex-concejal del
ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid por IU. Imputada y absuelta por una querella
en la que era acusada de prevaricación, malversación y tráfico de influencias.
El caso: el ayuntamiento de Rivas concedió contratos por un valor de 1,4
millones de euros a la empresa de su hermano, siendo ella y su padre concejales
del ayuntamiento por IU y estando el gobierno municipal en manos de IU. Aunque
fue absuelta, lo cierto es que el único ayuntamiento de España y del mundo que
contrató a su hermano fue el de Rivas siendo su padre y ella concejales del
mismo.
Pablo Bustinduy Amador,
responsable en asuntos internacionales de Podemos, es hijo de Ángeles Amador,
ministra de Sanidad con Felipe González (PSOE) entre 1993 y 1996, y que, desde
2005, trabaja en el consejo de administración de Red Eléctrica de España. Su
padre, Javier Bustinduy, fue director del Metro de Madrid y de Cercanías de
Renfe.
Ignacio
Murgi, hijo de activista vecinal, también él y su familia son propietarios de
pisos de protección oficial, es en la actualidad una de las caras visibles del
ayuntamiento de Madrid. Desde 2007 preside la Federación Regional de
Asociaciones de Vecinos (FRAV) hasta el año 2015. Estando este «antisistema»
como presidente de la FRAV, ésta ha recibido millonarias subvenciones del
ayuntamiento de Madrid gobernado por Gallardón (PP) para llevar su labor de
desmovilización y acabar de convertir las asociaciones de vecinos de organismos
de lucha en organizaciones de servicios, como por ejemplo impulsar las
cooperativas de viviendas propias o de CC.OO. y UGT. En total, a la FRAV, desde
el 2004 hasta el año 2015, han llegado del ayuntamiento gobernado por el PP un
total de 7.293.075 euros.
Dentro de esta red de amiguismo, de pago y devolución de
favores, se ha ido gestando el recambio a la generación de socialfascistas que
participó en apuntalar el Estado español en los años de la «transición»,
recambio sustentado en toda una red corrupta de políticos, sindicalistas, altos
cargos, cuadros intermedios del Estado, profesorado de la universidad pública
etc., con el Estado burgués como garantía de su forma de vida.
PODEMOS
Vista la composición de clase de la dirección de Podemos, es fácil deducir la función que
cumple este «nuevo» partido. Los imperialistas ya no pueden ocultar que esta es
una crisis más profunda que la del 29 y por eso necesitan de los Movadef,
Syriza o Podemos, que lo único que buscan es el cambio de nombres
para preservar el viejo orden burgués e ir a elecciones.
Podemos es
un ejemplo claro de la función de estos «nuevos» partidos montados por el
imperialismo. Del «tomar el cielo por asalto» de Pablo Iglesias, en octubre de
2014, Podemos ha pasado tras las
elecciones del 26 de junio de éste año a «ser una opción responsable».
«Opción
responsable» que en política exterior apoya la guerra imperialista contra los
pueblos del tercer mundo. Sobre la intervención española en Irak Pablo Iglesias
ha explicado que si esta agresión imperialista se da dentro del marco de la ONU
«no habría problema» por parte de Podemos.
Sobre la agresión imperialista en Medio Oriente lo único que ha hecho es
matizar la agresión imperialista: «Una intervención que no vaya a ser eficaz y
ponga en riesgo la vida de soldados españoles, claro que no», mostrando una vez
más que para Pablo Iglesias no todas las vidas valen lo mismo, la de un soldado
español vale mucho más que la de un obrero sirio o iraquí.
Sobre
las bases militares yanquis en España no dice nada, sólo que la relación con la
superpotencia yanqui es «estratégica».
Sobre la permanencia del Estado español en la
OTAN, silencio.
En
el interior, destaca su abierta defensa del Estado imperialista Español: “Nosotros aprendimos en Madrid y Valencia que
las cosas se cambian desde las instituciones, esa idiotez que decíamos cuando
éramos de extrema izquierda de que las cosas se cambian en la calle y no en las
instituciones es mentira”. (Pablo Iglesias en los Cursos de verano de
la Universidad Complutense en El Escorial, julio de 2016)
Tras los atentados de París, dijo: "toca defender lo fundamental
en Europa que son las libertades y las democracias"
Las
propuestas económicas de Podemos
tienen tres puntos básicos, que para la clase obrera significan solamente
caridad. Desde la Secretaría de Economía de Podemos se expone estos tres puntos
generales de su programa económico:
1.
Profundizar la democracia económica, mediante una
expansión de los derechos de la ciudadanía y un fortalecimiento de los
servicios públicos, así como los espacios de gestión colectiva.
2.
Reforzar las políticas sociales, y luchar contra los
históricos niveles de pobreza y desigualdad que ha generado la gestión de la
crisis. Para ello estamos trabajando en reforzar los servicios públicos y en
esquemas de rentas que permitan establecer un horizonte de pobreza cero en
España.
3.
Luchar contra la “austeridad”, es decir, la política
de recortes porque no solo no ha ayudado a salir de la crisis, sino que
profundiza en un modelo insolidario, donde se empeoran las condiciones de vida
de la mayor parte de la sociedad española y se destruye las instituciones del
Estado de Bienestar que tantos años ha costado construir.
En
ellas no hay ninguna medida que se pueda llamar ni siquiera «radical».
Aplicando estos tres puntos el único resultado posible es que el Estado burgués
sea más grande para que esta pequeña casta siga perpetuándose y prosperando a
costa del trabajo de las masas, se subvencionen sus cooperativas, sus ong´s,
asociaciones, fundaciones, sindicatos, su montaje de trabajo público pagado con
los presupuestos del Estado, etc. La clase obrera y las masas trabajadoras,
tienen reservado el papel de financiar la vida a estos parásitos, caridad y
miseria.
Sobre
las organizaciones y masas más combativas, Pablo Iglesias, ya de forma clara y
abierta, ha declarado que son un objetivo a combatir siguiendo el camino del
PCE en «la transición». En las últimas elecciones y en plena campaña electoral
ha dejado claro su proyecto y sus enemigos. Ha defendido "la patria, el orden, la
ley y las instituciones", frente a las oligarquías y los «antisistema». Como
para Podemos, las oligarquías son una
ilusión, pues no son los bancos ni los banqueros, pues los hay buenos y malos,
ni los latifundistas, que también los hay buenos y malos, ni las multinacionales,
españolas o extranjeras, ni nadie. Para Podemos
su enemigo declarado son las masas que luchan y combaten contra el Estado
imperialista Español. Ya veremos con el tiempo si los militantes, activistas y
simpatizantes de Podemos acaban
convirtiéndose en las camisas pardas del gran capital. Por parte de las masas,
la lucha nunca ha cesado y las perspectivas son ciertamente brillantes, las
condiciones objetivas están dadas, falta Partido marxista-leninista-maoísta,
principalmente maoísta para iniciar guerra popular y barrer de la faz de la
Tierra toda explotación y opresión y a todos estos viejos y nuevos
revisionistas que buscan su hueco dentro de este podrido sistema, a todos los
que pregonan como referentes a promotores de «acuerdos de paz», que comenzaron
con Prachanda y ahora continúan con Öcalan, Sisón de Filipinas, las FARC, los
Castro, etc..
(1) La vivienda
de protección oficial (VPO) nace bajo supuesto de ayudar a el acceso a una
vivienda a personas que no pueden acceder a ella en el mercado libre. La
realidad es que nunca solucionó el problema de la vivienda a la clase obrera
con menos recursos, aunque el valor de las VPO era significativamente inferior
a los de mercado libre. Las VPO han sido parte de los planes del imperialismo
español para apuntalar el Estado reaccionario. Los más pobres nunca pudieron
acceder a estas viviendas, mientras que la pequeña burguesía y la aristocracia
obrera fueron los beneficiados de las VPO. En el plan de vivienda y suelo de
2002-2005, para acceder a una VPO el techo de los ingresos era muy alto, 5
veces y medio el salario mínimo, mientras que el límite por abajo, era lo
suficientemente alto para excluir a la clase obrera con menos ingresos.
